abril de 2017 cuando unos 200 agentes estatales irrumpieron a balazos en Arantepacua,
en la meseta indígena de Michoacán. La arremetida dejó un saldo de cuatro comuneros muertos. A Luis Gustavo le alcanzó el disparo de un supuesto francotirador. Tenía 17 años. Su tío lo enterró en este campo donde fue abatido mientras trataba de refugiarse.
Subieron como unos 20 elementos de policía michoacana y lo levantaron, lo aventaron, le dieron patadas, le dieron con mano y al último le dieron el tiro de gracia.
Arantepacua atravesaba una disputa territorial añeja con
la localidad contigua y había retenido varios vehículos en protesta por la detención de unos 40 de sus pobladores.
El gobierno justificó que acudieron a desbloquear la vía y los comuneros les atacaron. Para Francisco, entraron a matar sin motivo. No entendemos por qué
El gobierno nos humilló de esta manera. No era tan grande el problema para que actuara así, de esa manera.
Ante esa brutalidad, la comunidad de unos 2, 000 habitantes expulsó a todas las órdenes de gobierno y fuerza pública. Arantepacua es quizá el último de los pueblos mexicanos que se han alzado en armas contra el Estado. Juana Morales participó en la organización del autogobierno.
Decide sacar a los partidos políticos, no más partidos políticos, no más policía del estado. ¿En quién podemos confiar si son ellos los que nos vienen a agredir? Entonces ese día se forma la seguridad de Cuarichas.
Una policía formada por los propios comuneros. Juana es la jefa de seguridad de Arante Pacua y lidera este cuerpo de 14 efectivos. Por las mañanas trabaja de maestra en una escuela y por las tardes empuña su pistola para ejercer de comandante. Durante la embestida policial, las mujeres salieron con palos y machetes para defender a sus maridos. Desde entonces, la mujer adquirió un rol más destacado, aunque al
comienzo hubo reticencias de que Juana asumiera un cargo tradicionalmente masculino.
Es la mujer que va siempre por delante y los hombres hacia atrás, entonces la mujer tiene un papel muy importante en esta comunidad y por eso hay la paridad de género dentro de los integrantes del consejo.
Esta policía autónoma vela por
la protección de Arantepacua en uno de
los estados más violentos de México.
La expansión del sanguinario Cártel de Jalisco ha recrudecido el conflicto en Michoacán. Juana ha tenido que enfrentar
a los narcos en alguna ocasión para evitar su ingreso al pueblo. Además,
estos comuneros también patrullan los bosques para combatir la tala ilegal. Esta meseta, Purépecha, ha perdido un 60% de su cobertura forestal por la depredación de las madereras clandestinas.
Este sí se ha notado un poquito más la tala, pero también después de que hubo seguridad también ha bajado mucho porque los muchachos pues los detienen y los llevan y eso hace que le piensen dos veces antes de cometer el delito.
Los taladores son detenidos durante dos
o tres días en esta celda en la improvisada cárcel comunal. El Consejo Indígena impone su propia ley para atajar la deforestación de sus bosques, que ha provocado una disminución del agua de su único manantial. En la época de sequía, las mujeres acuden a la pila del pueblo desde la madrugada para conseguir agua o, como cuenta Juanita, comprarla embotellada.
Ya compramos dos tampos, tres tampos y agua por chicada pues con carajones ya compramos para tomar. A veces pues no tiene nada el agua, se seca mucho el agua.
El 5 de abril de 2017 quedó grabado a fuego en este pequeño pueblo indígena. Tras el operativo policial, algunas mujeres embarazadas perdieron a sus bebés y murieron adultos mayores por complicaciones en sus enfermedades.
La población sigue traumatizada.
Esa ruptura en la sociedad porque a partir de ello se disparó la drogadicción en los niños, se disparó las adicciones de alcohol, se quebrantaron los valores.
En una comunidad que intenta recuperar la paz.
La investigación por esa masacre del Estado hace tres años se cerró sin ninguna responsabilidad de los autores materiales e intelectuales. Ahora la comunidad arantepacua busca una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que les permita recibir una reparación por los daños materiales físicos y psicológicos.